¿Qué van a hacer ustedes para acabar con el encarnizamiento judicial contra Juana Rivas? ¿A quién, si no, se lo tenemos que pedir?

Sabemos lo que es la separación de poderes y que el 11 de julio 750 jueces han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos contra nuestra legítima protesta cívica por la sentencia por la violación de La Manada, que llaman "gravísima amenaza que se ha alzado contra la independencia judicial en España hasta llegar al linchamiento público" de la Audiencia Provincial de Navarra. Pero también sabemos que el artículo 117 de la Constitución dice que “La justicia emana del pueblo”, y se administra por Jueces imparciales, y el Juzgado Penal nº 1 de Granada condena a Juana Rivas a 5 años de cárcel y a 6 años de privación de la patria potestad sobre sus hijos, la culpa por hacer público su caso y recibir apoyo social, resuelve sin ser el juzgado competente qué es o no violencia de género, y asume casi en su totalidad la petición de su expareja (condenado por malos tratos a Juana y privado de la custodia del hijo mayor en 2009) por ‘sustracción’ de los niños, mientras la denuncia por violencia de género que presentó ella el 12.07.16 lleva más de dos años paralizada.

Exigimos que se aplique sin más dilaciones al caso Juana Rivas el Convenio de Estambul, vigente en España e Italia, cuyo artículo 44.2 establece la competencia de los juzgados españoles en delitos de violencia de género cuando la víctima tenga nacionalidad española, así como el artículo 23.4.l) 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues el presunto autor se encontraba en España en el verano 2017 y, después de la dilación de un año en España, la dilación de otro año en Italia es incompatible con la intención de hacerle comparecer.

Eviten a tiempo un mal funcionamiento de la justicia con daños irreversibles, como el que reconoció hace diez días el Tribunal Supremo en la Sentencia 1263/2018 por no escuchar a Angela González Carreño y a su hija ni evitar con la debida diligencia que la niña fuera asesinada, cumpliendo, al fin, el Dictamen del Comité CEDAW de Naciones Unidas de 2014, por hechos muy similares a los que estamos viviendo.

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