La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es uno de los ejes cardinales sobre los que se construye una sociedad libre y desarrollada. En consecuencia, la totalidad de los países de nuestro entorno cultural que también han aceptado el reto de instaurar un Estado Social y Democrático de Derecho, encomiendan a sus poderes públicos la tarea de abordar todas las actuaciones necesarias para la realización de este principio, reflejándose como un compromiso a cumplir en el artículo 8.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Buscando una mayor efectividad real, la Declaración aprobada por la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Pekín, 1.995), y el elenco normativo de la Unión Europea, han consolidado la regla de la transversalidad, de forma que la igualdad de oportunidades se incluya en todas las fases de elaboración y ejecución de las distintas políticas sectoriales.