Existe un trabajo, ingente y vital para quienes se benefician de él, que no figura en los medidores de la riqueza de un país. Es el realizado por los que en el hogar hacen la comida, atienden a los niños o mayores, o cuidan a los enfermos. Si hubiera forma de contabilizarlo, el impacto económico de estas atenciones familiares representaría casi el 55% del producto interior bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid. Y son las mujeres las que, en una proporción de tres a uno, cargan con este trabajo no remunerado sobre sus espaldas.

Éstas son las abrumadoras conclusiones a las que ha llegado el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en un trabajo que tiene el título de La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid. La investigación ha sido dirigida por la catedrática de Sociología María Ángeles Durán, se ha realizado sobre 1.832 encuestas en la región y fue presentada ayer en la universidad de verano Menéndez Pelayo, en Santander.

Si cada madre que prepara la comida a sus hijos o atiende a un familiar con Alzheimer recibiera un sueldo por ello, la renta regional aumentaría en 55.500 millones de euros. De éstos, 40.700 irían a parar a manos femeninas, y 14.800, a hombres.

Estas cifras contrastan con las contabilizadas en la economía oficial. Mientras el 73,4% del trabajo no remunerado recae en las mujeres, éstas realizan sólo el 39% del que sí está dentro del mercado. Esta relación se invierte en los varones: el 26,61% de cuota de las actividades domésticas, frente al 61% de aquéllas en las que hay un sueldo de por medio.

A pesar de que la encuesta ha utilizado la metodología recomendada por Eurostat, la agencia estadística de la Unión Europea (UE), el informe también incluye los datos que se obtendrían si se contabilizaran las actividades secundarias. Éstas son las que se realizan simultáneamente a otra que requiere mayor atención; por ejemplo: la persona que está cocinando y, al mismo tiempo, cuida a un niño.

Teniendo en cuenta este segundo baremo, las actividades domésticas no remuneradas tendrían un valor añadido equivalente al 130,78% del PIB regional. Según Durán, la inclusión de las actividades secundarias refleja mejor la realidad del mercado laboral: «A nadie se le ocurre que un taxista que espera en la parada a que llegue un cliente no esté trabajando». En total, se está hablando de 6.000 millones de horas anuales de trabajo no remunerado. O de 15.000, si se incluyen las actividades secundarias.

Pese a los datos que muestra la doble carga que soportan las madrileñas dentro y fuera del hogar, el estudio indica que aún es mayor el esfuerzo de las mujeres del resto de España. El trabajo no remunerado representa el 60% del PIB español -cinco puntos más que en la región- y la participación de las mujeres en estas tareas asciende al 80 -seis puntos y medio más que en la Comunidad-.

Esta diferencia se debe a la mayor industrialización de la región respecto al resto del país y a que las madrileñas están más integradas en el mercado laboral. «A mayor industrialización en una sociedad, menor porcentaje de trabajo no remunerado», explica Durán.

La profesora estuvo acompañada en la presentación del informe por el consejero de Empleo y Mujer, Juan José Güemes, cuyo departamento ha contribuido a financiar el proyecto, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Madrid, Francisco Cabrillo. Éste utilizó una frase que se atribuye al economista estadounidense Paul A. Samuelson para ilustrar la filosofía que late detrás del estudio: «Si me caso con el ama de llaves, disminuye la renta nacional». Cabrillo alabó la contribución de Durán para que se estudien las actividades que no son consideradas a efectos económicos.

Durán mencionó al grupo de los «exentos» -las personas que consideran que no tienen que dedicar ni un minuto de su tiempo para prestar servicios no remunerados- como una categoría social que debería desaparecer. Frente a éstos están los que no pueden pagar los servicios. Niños, ancianos o pobres que requieren de los cuidados de otros, que casi siempre son otras.

«¿Cómo es posible que una democracia avanzada no incorpore a su agenda política la redistribución del tiempo?». Con esta pregunta, la catedrática mostró en Santander su preocupación por los sectores de la población a los que se les endosa la obligación de prestar su tiempo a los que lo necesitan pero no pueden pagarlo, como niños o enfermos.

«Si fuera por voluntad propia, vale; pero en la mayor parte de los casos, esta situación se ha impuesto a las mujeres», añadió. Y la situación de las nuevas generaciones no es mejor. Los datos del estudio señalan que las mayores diferencias se dan entre los 30 y los 39 años, seguidos por los que están en la cuarentena y los que tienen entre 25 y 29 años. Durán califica este hecho de «expropiación del tiempo que sufren las chicas».

Mientras que entre los más jóvenes la participación de las mujeres duplica a la de los hombres, a partir de la jubilación las proporciones se hacen casi iguales. Los abuelos siguen sin participar en algunas tareas domésticas, pero al menos sí en el cuidado de los nietos. Las mujeres mayores de 75 años que cuidan niños les dedican siete horas, y sus maridos, sólo cuatro y media.

Además de la edad, también influye el estado civil. Si cuando están solteras, un 84% de las mujeres realiza tareas domésticas, esta cifra aumenta hasta el 96% cuando viven en pareja. El incremento en los hombres es insignificante: del 69% al 70%.

La catedrática considera urgente responder al reto que se va a plantear en los próximos años. «Va a aumentar la demanda de tiempo no remunerado, mientras que disminuye el número de personas que están en condiciones de ofrecerlo». En el debate que siguió a la presentación de los datos se oyeron voces reclamando una rebelión de las mujeres para que digan «no» cuando sus maridos les pidan la cena.

La solución, sin embargo, no está en que el Estado pague un salario a las personas que realicen trabajos no remunerados, coincidieron en destacar Güemes y la autora. El consejero explicó que esta medida, además de inviable económicamente, haría perder a las mujeres aún más posiciones en el mercado laboral.

http://www.elpais.es . 6/07/06