Hace diez años, el 20 de junio de 1996, Minerva Guadalupe Pérez López, indígena chól y quien entonces tenía 19 años, desapareció en la comunidad Miguel Alemán, del municipio de Tila, cuando el transporte público en el que viajaba fue interceptado por Sabelino Torres, dirigente del grupo paramilitar «Paz y Justicia» quien ordenara la retención de Minerva, y desde entonces se desconoce su paradero. Su familia denunció la desaparición de Minerva, pero 10 años después la averiguación previa todavía sigue abierta.
De acuerdo con las cifras recabadas por el Frayba, en el contexto del conflicto armado en Chiapas, entre 1995 y 2000, tan sólo en la Zona Norte del estado se registraron las desapariciones forzadas de 32 hombres y 5 mujeres, entre ellas, Minerva Guadalupe, así como las ejecuciones de 7 mujeres y 78 hombres, además del desplazamiento forzado de 12.000 personas.
Según testimonios de paramilitares de «Paz y Justicia» obtenidos por este Centro de Derechos Humanos, Minerva estuvo retenida durante tres días, durante los cuales fue golpeada y violada tumultuaria y repetidamente por más de 30 hombres pertenecientes a «Paz y Justicia», quienes la mantuvieron en cautiverio y sin comer. Después la llevaron al campo y luego de violarla tumultuariamente, la asesinaron y descuartizaron. Este Centro de Derechos Humanos aportó la información sobre la desaparición de Minerva a la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada SIEDO, que declinó el caso y posteriormente, se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, pero se desconocen avances en la investigación. Dentro de una estrategia de guerra en contra de la población civil, Minerva Guadalupe fue elegida premeditadamente como víctima por el hecho simple de ser mujer. El 21 de junio, al día siguiente de la desaparición de Minerva, Hermelinda Pérez desaparece en el mismo lugar, Minerva y Hermelinda víctimas de la guerra y el abuso del poder de los paramilitares de «Paz y Justicia» quienes contaban con la anuencia del Gobierno Federal, encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León, el gobierno estatal y el Ejército que los impulsaron, entrenaron y financiaron con recursos públicos a cambio de votos, utilizándolos como instrumento para imponer el terror en la población civil.
Las mujeres mexicanas, víctimas y mensajeras de la violencia, por el hecho simple de ser mujeres, convertidas en trofeos de guerra, en objetos del abuso de quienes tienen el poder de las armas, y las usan, bien sea del lado de los «probables grupos civiles armados» o peor aún, de manera «legítima» como pretexto de la prevalencia del estado de derecho, tal como sucedió en los hechos de Atenco hace 7 semanas y en Oaxaca hace sólo 7 días, en los que organizaciones de Derechos Humanos dan cuenta de la violación de 5 profesoras.
Mujeres mexicanas que pueden ir a las urnas y votar, aunque en los planes de campaña de los candidatos a la presidencia de la República o los que aspiran a la gobernatura de Chiapas no aparece una propuesta para evitar la violencia que sufrimos, ni erradicarla y mucho menos resarcir sus consecuencias.
El aparato de justicia mexicano expresa la discriminación que soportan las mujeres mexicanas, cuando desprecia sus palabras y testimonios y no les garantiza el acceso a la justicia, ni un juicio justo, mucho menos cuando los victimarios ocupan cargos de servidores públicos. En Chiapas se han reportado los asesinatos de 1,456 mujeres en el último lustro, y de acuerdo con la información oficial sólo el 14% de los casos se han resuelto, quedando en la impunidad 86 casos de cada 100.
Minerva es una víctima del conflicto armado que se vive en Chiapas desde hace 12 años y que el gobierno niega. Seguramente su historia no hará parte de la versión oficial que aparecerá en los libros de texto que se distribuirán en las escuelas del país. Hace algunas semanas la madre de Minerva murió, sin saber qué pasó con su hija y con la esperanza de que se hiciera justicia.
Por esto para el Frayba es importante recordar su memoria para vencer la impunidad y el olvido; el Frayba sigue demandando que se conozca la verdad y que se castigue a los responsables para que no prevalezca la impunidad. El Estado mexicano debe cumplir con el compromiso asumido en la Convención Interamericana para prevenir, castigar y erradicar todos los actos de violencia contra las mujeres, que son una ofensa a la dignidad humana.
Area de Comunicación Social
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Teléfonos 00 52 (967) 6787395 - 6787396 - 6783548
Brasil 14 Barrio de Mexicanos, CP 29240
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. México