La mujeres acogen con satisfacción el paso dado por el Gobierno español hacia la adopción de una ley en España orientada a la protección de los derechos de las mujeres frente a la violencia de género, cuya definición y tratamiento especializado se encuentran sólidamente afirmados en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y por diversos mecanismos del sistema universal y regional de protección de los derechos humanos.

En 1992 el Comité de Naciones Unidas que vigila la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer abordó de manera decidida la violencia de género y la definió como “la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”.1