Carmen, Idoia, Jeannet... Más de medio centenar de vidas de mujer perdidas. Javier, Manuel, Driss... Otros tantos hombres, sus parejas o ex parejas, acabaron con ellas. La sangría continúa -aumenta, si se comparan los ocho primeros meses de este año con el mismo periodo de 2005, cuando se registraron diez víctimas menos-. Y eso con la Ley Integral contra la Violencia de Género plenamente en vigor desde hace más de un año. Aprobada por unanimidad en el Parlamento, incluye penas más duras para los agresores y protección más amplia para las víctimas. ¿Qué falla entonces para que al menos 52 mujeres hayan perdido la vida este año a manos de quien dijo quererlas?

La primera respuesta de los responsables y expertos consultados es una matización unánime: Ninguna ley acaba con los delitos, la de violencia de género, tampoco. Añaden otros elementos: se trata de agresiones en el ámbito de las relaciones sentimentales, en una sociedad que acuñó el término machismo y tiene pendiente erradicar las conductas de dominio masculino y sumisión femenina. A partir de ahí, los análisis difieren. Y hay quien, como en el Partido Popular, habla también de falta de recursos económicos.

Más denuncias, pero no bastan. «La ley tiene una maquinaria engrasada que funciona, pero necesitamos que las mujeres denuncien, porque es el paso imprescindible para protegerlas», afirma la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo. Para los responsables gubernamentales, el éxito de la ley debe medirse por el aumento de las denuncias, no por la evolución de las muertes. «Es cierto que cuesta dar el paso y denunciar a la persona a la que se quiere, pero mientras se deciden a hacerlo, las mujeres deben romper la clandestinidad y hablar con sus familias o ponerse en contacto con los servicios sociales», añade Murillo. «Faltan centros que asesoren y apoyen a las mujeres para denunciar», denuncia Ángeles Ávarez, de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia.

En los seis primeros meses de este año 29.835 ciudadanas han denunciado por maltrato a su pareja o ex pareja, un 3,9% más que en el mismo periodo de 2005, según la Delegada del Gobierno contra la Violencia, Encarnación Orozco. Esta cifra, que excluye los datos de de las policías autonómicas en Cataluña y el País Vasco, aumenta año tras año. «¿Cómo es posible que las mujeres sigan percibiendo que es más peligroso denunciar que tolerar?», se pregunta Lucía Herranz, de la asociación Comisión contra los Malos Tratos. «Muchas no denuncian por miedo insuperable», plantea Ana María Pérez del Campo, de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Juzgados saturados. Desde finales de junio de 2005, las denuncias por violencia machista van a los más de 430 juzgados especializados en violencia sobre la mujer, a menudo saturados de trabajo. Una parte de ellos carecen, además, de unidades médico forenses con expertos que valoren el riesgo de que el agresor vuelva a maltratar a la víctima, lamentan varios consultados.

Las denuncias, que ya mantienen nueve de cada 10 mujeres según Encarnación Orozco, son el primer paso para activar los mecanismos de protección. Uno de los más frecuentes es la orden de alejamiento. Puede dictarse sola o inscrita en una orden de protección (6.688 acordadadas sólo en el primer trimestre de 2006), un paraguas de medidas más amplio.

Tres de cada diez mueren tras denunciar. De las 52 víctimas de este año, 16 perdieron la vida tras presentar la denuncia. «De ellas, una se desdijo. De las 15 restantes, 10 pidieron medidas de protección que se concedieron a nueve», enumera la delegada del Gobierno. «De esas nueve mujeres, tres renunciaron a la protección. De las seis restantes, la mitad quebrantó el alejamiento dictado por el juez», concluye. En tres casos nada impidió a los agresores acercarse a las víctimas. Encarnación Orozco hace una llamada «de atención para que las maltratadas sean conscientes del peligro».

15.000 órdenes de alejamiento. Unas 15.000 mujeres cuentan con la orden que obliga a sus agresores a mantenerse alejados, según Soledad Murillo. De ellas, 4.500 disponen del teléfono móvil (con botón de alarma y destinado sólo a las mujeres con orden de protección) que ofrece el Ministerio de Trabajo. Además, unas 700 mujeres tienen teléfonos entregados por la policía y 3.300 disponen sólo de un número de teléfono para avisar a un agente policial, según el Ministerio del Interior.

¿Quién vigila el agresor? Cuando el juez dicta un alejamiento debe comunicarlo a la policía o a la Guardia Civil con una valoración del riesgo de que se produzcan nuevas agresiones, explican en el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial. Estos agentes son los principales encargados de la seguridad de la víctima, para lo que pueden contar con el apoyo de los policías locales. Según Interior, se dedican a ello 1.185 policías y guardias (parte de ellos prejubilados) que atienden también otros delitos familiares o sexuales, así como «los 50.000 agentes dedicados a seguridad ciudadana». «Es absurdo que cada policía tenga a su cargo a 10 o 12 mujeres», afirma Pérez del Campo, quien observa que «faltan recursos económicos» para atender a las víctimas pese al esfuerzo realizado.

Sin escolta. «Es imposible poner un policía detrás de cada agresor con orden de alejamiento o de cada protegida, asegura Soledad Murillo.»Las pulseras de localización para el agresor y la víctima, no funcionan con fiabilidad«, añade. La víctima es, pues, la principal encargada de velar por su seguridad y avisar en caso de peligro. Según el Ministerio de Trabajo, ninguna maltratada dispone de escolta de la Policía Nacional o la Guardia Civil. Interior descarta financiar escoltas privados para ellas, tal como se hace para algunos cargos públicos.»Hay que vigilar mejor los alejamientos«, plantea el médico forense Miguel Lorente, experto del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que acaba de entrar en funcionamiento.»Para proteger a las víctimas hay que tener siempre en cuenta el peligro del agresor", añade este experto. Con este objetivo, el Partido Popular viene demandando desde hace tiempo planes de protección personalizados para cada una de las víctimas de violencia machista.

4.000 plazas en casas de acogida

«No se puede, ni con pulseras de localización, evitar que un agresor rompa una orden de alejamiento», afirmaba esta semana la consejera andaluza de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro. Añadía que el único modo de garantizar la seguridad de la víctima cuando existe un «riesgo inminente» es su ingreso en una casa de acogida.

La creación de refugios para las víctimas es uno de los objetivos de la Ley Integral contra la Violencia de Género. A ello deben dedicarse en gran medida los 22 millones de euros que entre el año pasado y éste el Gobierno distribuye a las comunidades autónomas. En 2004, existían 4.144 plazas para las mujeres que huían de los malos tratos. Se repartían entre 100 casas de acogida (2.155 plazas), 128 pisos tutelados (804 plazas) 35 centros de emergencia (463 plazas) y 30 establecimientos mixtos (722 plazas), según la Delegación del Gobierno contra la Violencia.

Otra asignatura pendiente es el plan de prevención contra la violencia. «Es urgentísimo aprobarlo, aunque sus efectos tardarán una década en verse», plantea Ángeles Álvarez, de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia. Para el m édico Miguel Lorente, autor de varios libros sobre las agresiones machistas, también es urgente «mejorar la prevención desde el terreno sanitario».

Fuente:EL PAÍS - Sociedad - 03-09-2006 Reportaje