Un informe de la Plataforma CEDAW para la ONU denuncia un recorte del 66% en las políticas de igualdad, desde 2009 Un informe elaborado por la Plataforma CEDAW España, integrada por 50 ONG y unos 260 apoyos, para Naciones Unidas, denuncia, entre otros recortes en España, que en Cantabria las políticas de Igualdad se han reducido un 66 por ciento desde 2009, más del doble que la media de las comunidades autónomas (32%) y 16 puntos porcentuales más que el Estado.

EUROPA PRESS. 15.09.2014 Un informe elaborado por la Plataforma CEDAW España, integrada por 50 ONG y unos 260 apoyos, para Naciones Unidas, denuncia, entre otros recortes en España, que en Cantabria las políticas de Igualdad se han reducido un 66 por ciento desde 2009, más del doble que la media de las comunidades autónomas (32%) y 16 puntos porcentuales más que el Estado. En ese documento, que es un denominado «informe sobre» elaborado por la sociedad civil para que Naciones Unidas tenga una versión distinta a la oficial, se analiza el grado de cumplimiento con la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). El estudio revela que España está cometiendo incumplimientos de la Convención desde el año 2008 con recortes en asistencia a víctimas de violencia de género, discriminaciones y retrocesos en materia de igualdad. En este caso, ha sido elaborado por la Plataforma CEDAW España —50 ONG— y se presentará en noviembre en Ginebra, durante una sesión previa a la evaluación de España, en julio de 2015 en Nueva York. El trabajo, que se presentará este martes en Madrid, analiza cada uno de los artículos de la Convención y su tratamiento en España de 2008 a 2013. En relación a la obligación de avanzar en igualdad y Derechos Humanos, incide en la «persistencia de discriminación y carencia de medios» en la lucha contra la violencia de género, entre otros aspectos. Según dice, la asistencia integral a las víctimas «se encuentra en peligro al no existir una norma o acuerdo político que garantice estándares mínimos de disponibilidad, accesibilidad y calidad», mientras «la ausencia de coordinación interterritorial hace que se tomen decisiones que amenacen la red de recursos de información, atención y recuperación de las víctimas en el conjunto del Estado». En este sentido, detalla que desde 2011 «se ha producido una merma en la cantidad y calidad de los servicios» y pone como ejemplo los casos de Baleares, donde se han cerrado 9 de las 10 oficinas de atención a las víctimas de delitos; Málaga, que clausuró en 2012 la casa de acogida de mujeres con dificultades especiales o Castilla-La Mancha, donde «están desapareciendo servicios como los centros de información a la mujer» en las áreas rurales. Para la Plataforma, existen «graves déficits en prevención» de violencia de género con «campañas insuficientes que con carácter general ponen el acento en que la mujer denuncie obviando los obstáculos que enfrenta» y un presupuesto «muy inferior a otros menos prioritarios», entre los que cita la campaña de reclutamiento del Ejército, cuya partida duplicó la de prevención de la violencia machista en 2012. También arroja deficiencias en materia de formación de agentes implicados, asunto éste que ya motivó una recomendación de la CEDAW a España en 2009. «A los fiscales que acceden a las secciones de violencia de género no se les exige una formación previa. En el caso de la judicatura, hasta 2010 no tuvo lugar el primer curso (...) y la formación para quienes ejercen la abogacía dista mucho de ser adecuada», explica. Asimismo, denuncia la ausencia de medidas especiales para evitar la discriminación de mujeres en sectores especialmente desprotegidos, la falta de desarrollo de estadísticas sobre las gitanas que pedía la CEDAW en su último informe, la «deficitaria y desigual» previsión de intérpretes para víctimas de violencia de género con discapacidad y la persistencia de la posibilidad de que una migrante en situación irregular sea expulsada tras denunciar una agresión. En el informe se pone también de manifiesto la «insuficiente evaluación de impacto de las leyes y políticas públicas», dado que la Ley Integral cumple 10 años en noviembre sin que se hayan «evaluado en profundidad» sus medidas contando con la participación de supervivientes y organizaciones de mujeres. Tampoco han sido objeto de una evaluación «pública y transparente» los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Retrocesos y recortes en igualdad En materia de Igualdad, el informe denuncia que en el Estado, las políticas y organismos de igualdad se han recortado al 50% desde 2009, mientras en las comunidades autónomas, de promedio, han aplicado un recorte en políticas de igualdad del 32 por ciento, lo que se traduce en «la merma y desaparición de programas e instrumentos», como en Madrid, que no tiene Plan de Igualdad y ha suprimido su observatorio de la mujer. Así, detalla recortes en políticas de Igualdad en Murcia (74%), Galicia (67%), Cantabria (66%), Asturias (55%), Castilla y León (44%), Navarra (63,85%) y Baleares (42%); señala que en Canarias las partidas se han reducido «en más de la mitad», que en La Rioja ya no hay «ningún programa ni órgano para la igualdad» y que el aumento del 4,8% de la Comunidad Valenciana «enmascara la integración con las políticas de familia». Sólo Andalucía (1%) y País Vasco (-0,2%) sostienen presupuestos. En cuanto a los ayuntamientos, la Plataforma dice que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, al eliminar la competencia de los consistorios en materia de igualdad, se «contraviene el artículo 9.2 de la Constitución, la Carta Europea para la Igualdad» y las propias observaciones de la CEDAW sobre España. Además, denuncia que «en un claro incumplimiento» de las observaciones que el Comité realizó a España en 2009, «no se han revisado los libros de texto ni los contenidos curriculares, manteniéndose la invisibilidad de las mujeres en todos los campos del conocimiento, incumpliéndose también la Ley de Igualdad», mientras se incumple el compromiso de extender la educación O a 3 y los recortes «amenazan» el derecho a la educación. Esta situación se ha visto agravada, explica, por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que no incluye en su exposición de motivos «ninguna referencia» a la violencia de género, que elimina la «única asignatura general que incluía directamente contenidos favorecedores de la igualdad» (Educación para la Ciudadanía) y que «favorece la segregación por sexo» ignorando las convenciones de la ONU. Otras formas de violencia El informe, en línea con la Convención, se centra en todas las formas de violencia sobre la mujer y denuncia la «desatención» en España hacia fenómenos como la violencia sexual, que «ha experimentado un incremento» pero «no se aborda a través de legislación específica ni de políticas públicas o planes de acción», de modo que se da «ausencia de datos propios, escasa y desigual disposición de recursos para las víctimas» y «falta de especialización del sistema de justicia». En materia de trata, los «escasos avances legislativos, el incumplimiento de compromisos y la adopción de medidas contradictorias entre las distintas administraciones» son la tónica, pues se trata de un ámbito que adolece de abordaje integral, no sólo por falta de una ley específica, sino porque ni siquiera se ha traspuesto al ordenamiento español la directiva europea de 2011 al respecto.

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