Una manifestación recorrerá este viernes las calles de Valladolid para «exigir el aborto libre». Así lo anunció hoy la Coordinadora de Mujeres de la localidad, que recalcó que el «derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad no se pueden enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mismas». La plataforma también informó de que el próximo jueves se celebrará a partir de las 20 horas en la sede del Ateneo un encuentro en el que se expondrán las consecuencias jurídicas y sanitarias que supondría la reforma de la actual ley del aborto.

La agrupación denunció que con la nueva reforma que trata de imponer el Gobierno del PP, «se volverá en 2013 a la ley de 1985, que simplemente suponía una despenalización parcial de la interrupción voluntaria del embarazo en unas reformas impulsadas por motivos ideológicos». Una de los miembros de la Coordinadora y militante del PSOE, Asun Barrios, recalcó que la modificación «no cumpliría con lo que dice la OMS sobre la interrupción del embarazo» y equivaldrá a «dejar sin poder de decisión a las mujeres». «No vamos a permitir que nos vuelvan a asignar el rol exclusivo de madres y esposas», declaró. Por eso, ante esta situación, la Coordinadora exigió que no se modifique «de manera restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo».

De hecho, la Coordinadora de Mujeres pidió una ampliación de derechos reconocidos en el texto vigente que conllevasen «la despenalización total del aborto voluntario», la puesta en marcha de «enseñanzas educativas afectivo-sexuales en los colegios» o que «la anticoncepción tenga el mismo tratamiento financiado que otros productos de farmacia y parafarmacia dentro del sistema sanitario público».

Además, la entidad señaló la necesidad de establecer «un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública» para evitar que las limitaciones económicas impidan el acceso al aborto de las mujeres con pocos recursos. De hecho, una de las representantes de la Coordinadora, Lina Infante, reseñó que en Castilla y León ninguna clínica pública realiza interrupciones voluntarias del embarazo, ya que «se derivan a clínicas privadas, llegando a pagar la Junta más del doble por cada una de estas intervenciones que en el caso de Andalucía, por ejemplo».

La Coordinadora señaló que según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), más de 118.000 mujeres abortan al año en España, de las que 105.000 lo hacen a las 14 semanas, por lo que la modificación de la ley les llevaría a «tener que abortar ilegalmente», ya que la mayoría «no tienen otra elección» en una situación que es difícil «porque abortar no es una fiesta».

Según el Ministerio de Sanidad, Castilla y León es la cuarta comunidad autónoma donde menos abortos se practicaron en el año 2011. De esta forma, los 3.582 contabilizados situaron la tasa por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años en 7,75 puntos, mientras que a nivel nacional se elevó hasta 12,44.